A un mes exacto de la creación de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), el primer sindicato de trabajadores de aplicaciones de transporte y delivery, la empresa Rappi despidió a parte de su comisión directiva tras una reunión en la que solicitaron mejoras en las condiciones de trabajo. Los despidos adoptaron la forma de “bloqueo”: la restricción concreta, por parte de la aplicación, a que los repartidores puedan acceder a su cuenta y recibir pedidos. Entre los despedidos está Roger Rojas, secretario general del sindicato.
Los despidos ocurrieron el viernes pasado, aunque el sindicato recién los dio a conocer ayer, tras gestiones fallidas de reincorporación. “Luego de una reunión con representantes administrativos de la empresa, dos compañeros y yo fuimos bloqueados, lo que significa que ya no podemos seguir trabajando. Consideramos que Rappi arremetió contra la organización de manera violenta”, dijo el secretario general. En la reunión, Rojas y sus compañeros reclamaron cobertura por ART y un salario base, ya que la demanda no es suficiente y trabajan todos los días, sin límite horario, para cubrir sus necesidades.
Desde que la multinacional colombiana llegó a la Argentina, aproximadamente 12 mil repartidores fueron capacitados y dados de alta en la aplicación. Al no estar registrados, sin embargo, no es posible saber la cantidad exacta de los que actualmente están trabajando, dato que sólo tiene la compañía y que no quiere informar. Y es que bajo el eufemismo de “ser tu propio jefe”, la empresa promueve la precariedad laboral que impone el nuevo paradigma de trabajo on demand, en el que los trabajadores son todos “freelance”. Por eso Rappi habla de “bloqueos” y el sindicato denuncia “despidos”.
“Técnicamente, un bloqueo en este tipo de plataformas equivale a una suspensión o un despido, porque es la imposibilidad de trabajar. Cuando ese bloqueo está dirigido a la comisión directiva de un sindicato recientemente creado, se trata de un despido discriminatorio. Cuando sucede inmediatamente después de una reunión con la empresa, es directamente un insulto a la libertad sindical”, sentencia Juan Manuel Ottaviano, asesor legal de APP.
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