Luis Hernández Navarro
Victor M. Toledo
Adolfo Gilly
25/06/2016
Oaxaca en las barricadas
Luis Hernández Navarro
Pablo Andrés García Cruz es párroco de la iglesia Martes Santo, en Juchitán, Oaxaca. El pasado miércoles 5 de junio ofició una misa en la carretera Panamericana, a la altura del entronque Canal 33. Allí se encontraban maestros y padres de familia que establecieron un retén carretero.
En su homilía –narró Ixtel Welt–, el sacerdote García Cruz explicó que los profesores bloquean las vialidades no por gusto o por capricho sino para defender una causa noble y su propio trabajo, que es sagrado. Los maestros –dijo– ya quisieran estar en la escuela dando clases, en lugar de padecer incomodidades.
El presbítero hizo un llamado al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a ver las cosas serenamente, no con intereses y dobleces, y a sentarse a dialogar verdaderamente con los profesores, no con mentiras ni falsas promesas. Demandó no enviar a las fuerzas federales a reprimir a los docentes. Y le preguntó: ¿cómo no se le conmueven las entrañas? ¿Qué entrañas tiene?
La policía –advirtió el presbítero– debe considerar que no está enfrentando a una bola de gente que no sabe lo que hace, sino a gente preparada, estudiada, que ha estado en una universidad pedagógica. “Es –dijo– gente que piensa”.
Los asistentes al rito oraron en zapoteco y español, se tomaron las manos y rezaron pidiendo por el diálogo y la paz. Presentes en el acto, los familiares de los profesores Francisco Villalobos y de Heriberto Magariño, dirigentes de la sección 22 detenidos por el gobierno, pidieron por su liberación.
El padre García Cruz no es el único cura que defiende los retenes populares en las vialidades. Mientras caminaba por la barricada de la comunidad de Santa María Huamelula, en la costa oaxaqueña, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, manifestó su total respaldo a los maestros. Existe –explicó– mucha molestia por los bloqueos y cierres carreteros que encabezan los profesores, pero ““si no se hace así, este gobierno seguirá haciendo de las suyas””. Finalmente urgió a las autoridades federales y estatales a privilegiar el diálogo y evitar la represión (http://goo.gl/IO7rpP).
La solidaridad de los religiosos hacia las protestas docentes es un indicador de hasta dónde la lucha magisterial en Oaxaca ha dejado de ser un movimiento exclusivamente gremial contra la reforma educativa y se ha transformado en una enorme movilización social. La gota que derramó el vaso fue la arbitraria detención de los dirigentes de la sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Los ánimos del pueblo oaxaqueño están encendidos. Y como parte de su enojo, desde la noche del domingo 12 de junio han hecho los bloqueos carreteros y las barricadas que han brotado como hongos.
Esos bloqueos surgieron espontáneamente. No fueron un acuerdo de la asamblea estatal de la sección 22, máximo órgano de dirección del movimiento. Fueron convocados en puntos clave de la geografía regional por el tañido de las campanas de las iglesias y la estallido de los cohetes. Cercaron el estado y dificultaron enormemente el traslado y abastecimiento de las fuerzas policiales responsables de la represión.
Los funcionarios oaxaqueños fueron, durante casi una semana, una especie de fantasmas que hacían declaraciones desde lugares desconocidos y los difundían mediante las redes sociales. Su presencia fue virtual. Nadie los vio en las calles. La administración pública se paralizó. Simultáneamente, desobedeciendo al gobernador, centenares de municipios y autoridades ejidales y comunales expresaron públicamente su apoyo a los profesores y exigieron al gobierno federal sentarse a dialogar.
Pero en lugar de atender los llamados al diálogo hechos por los sacerdotes católicos y autoridades municipales, el gobierno federal intensificó la represión. En los hechos, impuso un estado de sitio. El sábado 18 de junio policías se concentraron para tratar de desalojar los bloqueos en el Istmo de Tehuantepec. No tuvieron mucho éxito. En ciudades como Salina Cruz se dio una verdadera batalla campal de más de cuatro horas de duración. Tan pronto como las policías lograban desbaratar una barricada los pobladores volvían a instalarla.
Un día después, la violencia gubernamental aumentó. A las 8.30 de la mañana del domingo, día de plaza, la Policía Federal lanzó una salvaje ofensiva en Nochixtlán. Allí estaban concentrados más de 2 mil pobladores mixtecos de San Andrés Sinaxtla, Yanhuitlán, Suchixtlahuaca y Tilantongo, que habían bajado a comprar y vender. Cuando las fuerzas federales atacaron a los maestros y a los padres, la multitud cercó a los policías. Éstos respondieron lanzando más gases y disparando armas de alto poder contra hombres, mujeres y niños, ancianos y jóvenes. La orden que recibieron –según cuentan Genaro Bautista y Franco Gabriel– fue: ““tiren a matar””. La cumplieron cabalmente. Fueron asesinados ocho maestros, estudiantes y campesinos indígenas. Heridos más de 50.
Dar la instrucción de desalojar violentamente un acto de protesta en un mercado indígena es una absoluta irresponsabilidad. Los pequeños comerciantes y marchantes respondieron solidarizándose con los agredidos. Los mixtecos son un pueblo guerrero. Lo han sido por siglos. Agredirlos y suponer que no van a responder es un acto de ingenuidad. En Nochixtlán la Policía Federal actuó con ignorancia y torpeza. Su respuesta a la ira popular fue criminal.
Otros desalojos igual de violentos se produjeron en Hacienda Blanca y en Viguera. Al igual que en Nochixtlán, el helicóptero lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes y la policía disparó y atacó al personal médico que atendía heridos. En Hacienda Blanca, grupos de francotiradores agredieron a los pobladores. Un menor fue asesinado.
No hace falta ser adivino para vislumbrar que la política de Aurelio Nuño hacia los maestros oaxaqueños iba a precipitar una crisis como la que se vive. Basta conocer mínimamente la historia del movimiento magisterial en la entidad para saber que algo así iba a suceder. La arrogancia, ineptitud política y compromisos que el secretario de Educación tiene con las cúpulas empresariales transformaron un asunto meramente pedagógico en un grave problema político nacional.
Nochixtlán: matar maestros, imponer la reforma
Víctor M. Toledo
La descripción de la batalla de Nochixtlán, porque eso fue, una guerra no entre dos ejércitos sino entre las fuerzas armadas y los ciudadanos de tres pueblos indígenas reaccionando por la dignidad comunitaria, es una película que se ha repetido decenas o cientos de veces a escala local, desde Atenco hasta Cherán y muchas veces durante la comuna oaxaqueña. Esta vez, sin embargo, la eterna lucha de las comunidades contra la represión que es focalizada y que tiende a diluirse, controlarse y finalmente a olvidarse, se habrá de proyectar no solamente a la escala nacional, sino que tendrá repercusiones internacionales (ver).
Es un agravio más que se viene a sumar a Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, etcétera, y pone al régimen nuevamente al desnudo. No se puede aceptar, es inadmisible, que en nombre de la renovación educativa un régimen reprima, aprese y mate maestros. Es injustificable. Lo absurdo alcanza su expresión máxima. El mundo se quedará atónito cuando se entere que para el perfeccionamiento de la educación (que en el fondo es la imposición de los criterios europeos de la OCDE para formar “ciudadanos perfectos”) haya que asesinar maestros inconformes.
En cualquier país civilizado, este acto repugnante exigiría la renuncia de los máximos dirigentes, incluyendo al Presidente de la República.
¿Estamos como en 1968?, me preguntó con una expresión de ingenuidad uno de los estudiantes de un taller que dirijo y no supe qué responder. Quizás la respuesta es doble. Sí y no. La similitud entre el régimen de Díaz Ordaz y el de Peña Nieto es el autismo, la soberbia, la mano dura, el uso de todos los aparatos de poder para imponer decisiones. México vive nuevamente una dictadura disfrazada. Ahora no sólo son los jóvenes sino sus maestros. Y, sin embargo, una de las muchas diferencias es que ahora se conocen todos los hilos y resortes que impulsan a este régimen a asumir tales acciones. Hoy sabemos que el problema es la enorme corrupción del régimen político y de su complicidad con las poderosas élites económicas no sólo nacionales, sino globales. Lo que se quiere imponer es un mundo donde florezcan los parásitos del trabajo humano y los depredadores del entorno natural. El paraíso neoliberal requiere hoy de controlar los territorios y a sus habitantes, y actualmente las mayores resistencias son esencialmente culturales. Los pueblos y comunidades indígenas son los mayores surtidores del magisterio rebelde. No es casualidad que en estos tiempos las mayores expresiones de protesta se hayan dado en las entidades con una alta población originaria: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz. Los jóvenes de las normales y de los tecnológicos provienen en buena medida de las comunidades y de la vida comunal. En esos universos, a los que están ajenos los urbanos e industriales, la solidaridad y la cooperación siguen dirigiendo la vida social y los vasos que comunican al maestro con las familias y a éstos con el “espíritu de la colmena” siguen vigentes.
Las resistencias casi heroicas de los maestros disidentes no pueden quedar aisladas. Oaxaca puso el ejemplo hace 10 años y hoy esa protesta se conecta con las batallas por la defensa de los territorios severamente asediados en buena parte del país por los proyectos de depredación de las corporaciones mineras, petroleras, biotecnológicas y por los proyectos carreteros, turísticos, hidráulicos. La lucha de los maestros expresa también y en buena medida la situación de los trabajadores, obreros y empleados de México, con uno de los sueldos más bajos del mundo. Todo confluye hacia una sola resistencia, como en las partidas finales de un juego de ajedrez. Y es que el sueño neoliberal es una pesadilla planetaria que se debe detener.
SEP: Vender el alma de la nación al Gran Dinero
Adolfo Gilly
La “reforma educativa” que a sangre, fuego y cárceles pretende imponer el gobierno federal va mucho más allá de sus fines declarados y de ser una “reforma laboral”, aun cuando ésta venga implícita en sus contenidos.
Se trata, como bien se dijo de la privatización del petróleo y de diversos servicios públicos, de una reforma en la estructura del Estado, es decir, de la relación históricamente establecida entre los gobernantes, el pueblo y los bienes materiales y simbólicos de la nación. Éstos se van traspasando de la propiedad estatal –según ley, herencia y patrimonio de todo el pueblo mexicano– a la propiedad privada o individual del capital financiero, mexicano y extranjero.
El caso de la educación es diferente y tal vez aún más insidioso. Sin necesidad de trasferir la educación a manos privadas –aunque en ciertos segmentos esta trasferencia está en curso desde hace tiempo–, de lo que se trata es de cambiar los contenidos, los objetivos y los fines de la educación del pueblo. De ahí la ofensiva, en curso desde hace ya tiempo, contra los portadores históricos y concretos de esos contenidos, los normalistas y los maestros de enseñanza primaria.
La “reforma educativa” es una mentira y un pretexto. La ofensiva del gobierno federal contra los maestros es en el fondo un ataque general contra los fundamentos de la educación republicana, que se ha convertido en una rémora y un obstáculo para sus fines, y contra quienes la llevan en sus vidas, sus conocimientos y sus modos de saber trasmitir a la infancia la educación de la República Mexicana, nuestra comunidad de historia, costumbres, vidas y destino en tanto “empresa histórica nacional”.
Qué se enseña, cómo se enseña, cuál es la relación en el aula con los niños y en el pueblo o el barrio con sus familias, cómo se hace para encender el afán de conocer y de estudiar y para ir dando desde la infancia los instrumentos intelectuales, el afán de saber y los sentimientos como nación y como pueblo: todo eso no se puede medir con exámenes “de opción múltiple”, además repletos de errores conceptuales y gramaticales.
Esos exámenes, y las formas e instalaciones donde tienen lugar, están concebidos como instrumentos de sumisión y humillación de la dignidad, el pensamiento y los sentimientos de los maestros y maestras, esos rasgos indispensables para la profesión magisterial. Antes que atender primero las condiciones materiales deplorables de tantas instalaciones escolares, la “reforma educativa” se propone doblegar la personalidad y la independencia de criterio de los educadores, dos condiciones indispensables para su oficio.
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La disputa por la educación, sus contenidos, sus conocimientos y sobre todo sus sentimientos, que se van formando desde la infancia y la escuela primaria, es un hilo conductor que recorre la historia nacional. Así lo vieron los grandes educadores y reformadores de los siglos XIX y XX. Ahora, en este siglo XXI, un poder ajeno a los sentimientos de la nación, el poder de las finanzas, el poder sin ley del dinero y de las armas, pretende sin discusión y sin consulta abrir las puertas para que, desde la maternal y la primaria, la adquisición de los conocimientos, el orden del pensamiento y la formación de los sentimientos de este pueblo mexicano –que de esto se trata la disputa por la educación, ayer con la Iglesia, hoy con el Gran Dinero– quede en manos de las necesidades del capital financiero y de sus exclusivos fines: la acumulación, la ganancia; y, para eso, la subordinación del trabajo manual e intelectual, de sus conocimientos y de sus vidas.
La televisión contribuye, pero no basta: controla la información, pero no alcanza a cambiar el ánimo y el sentir, que se forman en otros ámbitos humanos. Y de eso trata la empresa de la “reforma educativa”: quebrar la autonomía del pensamiento de los maestros, romper su relación intelectual y afectiva con el pueblo, las familias, sus sentimientos, alegrías y penalidades; e imponer que un programa de computadora, escrito por ineptos e ignorantes, les diga cómo enseñar y a quién obedecer.
Un rojo hilo de sangre y represión une a los estudiantes normalistas desaparecidos y a los muertos de la Escuela Normal de Ayotzinapa con los reprimidos, encarcelados y asesinados maestros de la CNTE, de Nochixtlán y de los pueblos y ciudades de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y otras geografías de este México sumido en la violencia de las finanzas, del crimen y de los poderes federal y de gobernadores y caciques.
La resistencia de los maestros y de sus pueblos es ejemplar. Pide, requiere y merece apoyo y protección de todo el universo educativo mexicano en sus diferentes niveles, y del pueblo de este país que, una vez más, acaba de dar su veredicto electoral sobre el gobierno federal y sus políticas.
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Este veredicto lo resumió en sus palabras (El País, México, 20 junio 2016), una señora de Nochixtlán, Patricia Sánchez Meza, a quien los federales le mataron al hijo de 19 años, Jesús Cadena Sánchez, estudiante de ingeniería y catequista, cuando iba a la parroquia del lugar para ayudar a atender a los heridos por las balas y los golpes de la Policía Federal. Patricia Sánchez se llama, le quedan cuatro hijas menores, es viuda y ella mantiene a toda la familia con su trabajo. En esos momentos están velando a su hijo en la sala contigua:
“Yo pediría que esas personas que mandaron a acabar con nuestro pueblo, den la cara, por lo menos. Porque no fuimos nosotros los que iniciamos el pleito. No. Aquí fueron los federales y los que los mandaron fueron nuestro propio gobierno, nuestro Presidente, nuestros diputados. Nosotros no estamos peleando nada. Nosotros cómo vamos a tener armas de fuego, que no tenemos ni siquiera una pistola en la casa, solamente que salgamos con tizones para tener fuego, porque no tenemos armas de fuego. No es posible que nuestro propio gobierno nos esté entregando como pueblo, porque fue al pueblo al que agredió, no fue a los maestros. El tráiler que quemaron fueron los federales los que lo quemaron, no fueron los maestros. No había cantidades de maestros. Había padres de familia, que estaban apoyando”.
Y cuando el reportero de El País, Pablo de Llano, le pregunta cuál es su conclusión y su sentimiento, la señora Patricia Sánchez responde con voz calma y pareja:
“Mi sentimiento es que en realidad estoy muy indignada contra el gobierno porque es el que nos está matando a nosotros como pueblo. Yo quisiera que el gobierno viera lo que nosotros estamos viviendo aquí, que den la cara, que nos ayuden, que nos apoyen, que nos digan por lo menos por qué nos están haciendo esto, por qué nos están tratando así después de que nos vienen a pedir su apoyo, casa por casa, cuando necesitan de nuestros votos. ¿Por qué nos hacen esto ahora? Somos mexicanos, hemos de ser tratados como tales. Que vean ellos a nosotros cómo nos tratan, nos están tratando como animales, a balazos. Quisiera yo que vinieran y tuviéramos un diálogo con ellos, para que así nos digan qué es lo que estamos peleando. Porque no sabemos ni por qué peleamos. Al final de cuentas ya no es tanto de la educación. Aquí está el pueblo que está indignadísimo contra el gobierno.
Si ustedes quieren pasar a ver cómo está mi hijo, cómo me lo mataron, allí está…”
periodista, es coordinador de opinión y editorialista del diario mexicano La Jornada.
Biólogo, es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Es editor de la revista Etnoecología y autor entre otros libros de Ecología y Autosuficiencia Alimentaria (1985); La Producción Rural en México: alternativas ecológicas (1989), México: diversidad de culturas (1995), La Paz en Chiapas: ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa (2000), La Modernización Rural de México: un análisis socio-ecológico (2002) Ecología, Espiritualidad, Conocimiento (2003), y con Martí Boada, El Planeta es Nuestro Cuerpo.
Historiador. Catedrático emérito de la UNAM.
La Jornada, 21 y 22 de junio 2016
