Dispuso la creación de un “registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales” de candidatos y agrupaciones políticas. Los camaristas buscan avanzar sobre un área en la que hay poca información y nula regulación.
La Justicia Electoral pretende avanzar en el control y monitoreo de la campañas en electorales en Internet, el manejo de cuentas falsas en redes sociales y la circulación de fake news. Pese al agujero que existe actualmente en la legislación nacional sobre esta materia, la Cámara Nacional Electoral emitió ayer una acordada en la que dispone la creación de un “registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales” de los candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias. La intención del tribunal que integran los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía es poner la lupa sobre un aspecto que viene creciendo exponencialmente y sobre el cual hay todavía poca información pública y prácticamente ninguna regulación por parte del Congreso.
“En relación con la información y difusión de ideas de las agrupaciones políticas en las contiendas electorales no puede dejar de advertirse el impacto y los nuevos desafíos que representa el auge de las plataformas y entornos digitales, que se constituyeron en un novedoso circuito de comunicación, dado que el uso de las redes sociales –que en los últimos años se tornaron herramientas de uso masivo– aceleraron los tiempos de circulación y difusión de la información”, explican los camaristas en su acordada, en la que aportan información respecto del creciente uso de las nuevas tecnologías, en detrimento de los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión. Según el informe de la consultora Latinobarómetro de 2017, citado en la resolución, el 28 por ciento de los encuestados se informan de cuestiones políticas por medio de las plataformas de referencia, como Facebook y Twitter, mientras que un 33 por ciento lo hace a través de la radio y solo un 20 por ciento continúa informándose por los medios gráficos.
En paralelo a ese proceso, Corcuera y Dalla Vía señalan que se ha “acentuado la preocupación por el desempeño de tácticas de manipulación y desinformación” online en las últimas elecciones de una diversidad de países de distintas regiones del mundo, en atención a la influencia que proyectan sobre la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus representantes sobre la base de información veraz y con debates públicos auténticos. Si bien no citan el caso específico de la empresa Cambridge Analitycs y el escándalo desatado por el uso de información privada de Facebook, la referencia es casi ineludible. El caso salpicó al oficialismo ya que se mencionó el uso de estas herramientas en argentina, aunque nunca terminó de conocerse efectivamente si se concretó la utilización de estas maniobras por parte de Cambiemos.
El punto central de la Acordada Extraordinaria N° 66-18 es la creación de un “Registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de los candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias”, que será publicado en la web del fuero electoral así como los resultados del monitoreo de redes sociales y propaganda electoral en Internet. El máximo tribunal electoral también hizo saber a los partidos políticos reconocidos en todo el país que a partir de las elecciones nacionales del próximo año, junto a la documentación respaldatoria de los informes finales de campaña “deberán acompañar el material audiovisual de las campañas en Internet y redes sociales”. Además, solicitó la colaboración del Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de Justicia, para “evaluar la conveniencia de desarrollar una campaña de concientización y formación cívica para el buen manejo ciudadano de la información política electoral en redes sociales y otros entornos digitales”.
Por otra parte, el tribunal llamó la atención sobre la suba que se produjo en los últimos años de los gastos que hacen los partidos en publicidad en redes sociales, los cuales se incrementaron del 4,71 por ciento de sus recursos en 2011 al 31,01 en las elecciones de 2017. Este tema ya había sido advertido en junio pasado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ante la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa), cuando subrayó la necesidad de “regular” el funcionamiento de las redes sociales, para poder prevenir la difusión de noticias falsas e identificar a quienes las generan. En aquella oportunidad, Lorenzetti señaló que “existen motores que producen información”, como Facebook o Twitter, que “pueden condicionar fuertemente la libertad de expresión” e impactar en el proceso electoral.
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