Con su orientación nacionalista, Trump abandona las estrategias hegemonialistas de la política estadounidense y deja el camino expedito a quienes estén dispuestos a cargar con responsabilidades globales. Este texto versa sobre las oportunidades y los riesgos que ofrece el cambio que se avecina en la política mundial.
Como muy tarde después de la desaparición de la Unión Soviética, quedó en el aire la cuestión sobre el modo en que los EEUU, la superpotencia sobreviviente, abdicaría y saldría de escena. Había al respecto diversas teorías. La mayoría se inclinaban por los desbordantes déficits económicos de los EEUU, el déficit comercial y el endeudamiento público. Podría ocurrir, según una tesis particularmente estimada, que un buen día esos déficits llevaran a un desplome, en el transcurso del cual el dólar perdería su función de moneda de reserva mundial y los EEUU, su supremacía política planetaria.
O bien, esta otra tesis: en caso de conflicto, Rusia y China podrían lanzar al mercado sus considerables reservas de títulos del Tesoro norteamericano y desencadenar un desplome de los bonos estadounidenses y del dólar.
Nada de todo eso ocurrió. Ni siquiera la grave crisis financiera de 2008 logró afectar a la hegemonía estadounidense. A despecho de una deuda pública rayana en los 20 billones de dólares, los inversores siguieron considerando los bonos del Tesoro norteamericano y el dólar inversiones seguras, particularmente apetecibles en tiempos de crisis.
Con la elección de Donald Trump como nuevo Presidente de los EEUU las cosas están ahora claras. Análogamente a como hizo su otrora contraparte a fines de los años 80, la superpotencia EEUU se despide con una suerte de implosión. Debilitada y dividida internamente como está, no puede ya seguir sus estrategias imperiales. Y como le ocurrió a la Unión Soviética, no hay desplome a la vista que precipite el fin, sino que se trata de un cambio político inesperado que, bien mirado, no resulta en absoluto tan sorprendente.
Decidiéndose por Trump, los electores norteamericanos han sacado el foco de la política estadounidense encumbrada en su papel de dirección global para bajarlo a las llanuras de la sociedad norteamericana, a las realidades menos lustrosas de la vida cotidiana en las regiones económicamente deprimidas y en las comunidades socialmente desarboladas.
Visto así, tiene cierta lógica que también hayan echado por la borda la fe en el progreso y las pretensiones de modernidad y liberalidad con que los EEUU habían fundamentado su papel dirigente y hayan hecho Presidente a un nacionalista reaccionario que promete dar marcha atrás a la rueda de la historia y que en campaña electoral se ciscó a calzón quitado en los valores de la nación norteamericana moderna y globalizada.
La hegemonía global se funda en la capacidad de integrar en el propio poder y en los propios intereses estratégicos a otros Estados de modo tal, que esos Estados vean también en ello ventajas para sí mismos y terminen, más o menos voluntariamente, cooperando.
Los países industrializados occidentales necesitan mantener su posición hegemónica para asegurarse a escala planetaria el acceso a mercados comerciales, recursos minerales, empresas estatales, tierras fértiles y fuerza de trabajo barata. Por eso en su modelo de dominación las estrategias de libre comercio y permanente apertura de mercados y sociedades a los intereses de los negocios del capital mueble juegan un papel central.
Pero para que ese modelo de dominación funcione, los países industriales rectores tienen que pagar un precio. Los puestos de trabajo se marchan a países con salarios más bajos. Más y más desarraigados procedentes del Sur cruzan hacia el Norte las fronteras en busca de mejores oportunidades vitales. En la campaña electoral estadounidense, esos asuntos jugaron un papel importante, y no sólo para Trump. También el candidato de la izquierda, Bernie Sanders, criticó las estrategias de libre comercio de los EEUU y sus consecuencias para los trabajadores norteamericanos.
Así, por ejemplo, el tratado de libre comercio para América del Norte (NAFTA) suscrito por EEUU, Canadá y México habría costado cerca de 700.000 puestos de trabajo a los EEUU. Desde la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, se han perdido más de 2 millones de empleos industriales. Mientras que las grandes empresas estadounidenses pudieron construir y afianzar su papel dirigente a escala planetaria, los trabajadores de su propio país perdieron puestos de trabajo estables y poder de negociación sindical.
A lo que hay que añadir otro efecto lateral indeseado. El conjunto de países en el umbral del desarrollo, señaladamente China, ha conseguido sacar provecho de los mercados mundiales, armar su fortaleza económica y poner en cuestión el dominio global de los países industriales occidentales.
Pronto será China –por su PIB— la mayor potencia económica del mundo. En algunos grandes países en vías de desarrollo los estratos medios han experimentado un auge sin precedentes, mientras que, en cambio, la situación de los trabajadores y de las capas medias bajas en los países industriales hasta ahora dirigentes no mejoró o empeoró. Mientras en los EEUU de la crisis financiera muchas personas de clase media se quedaron sin techo,
en China un simple trabajador podía convertirse en multimillonario.
La agenda hegemonial de los EEUU se ve, pues, confrontada, por un lado, con la creciente insatisfacción de los trabajadores y los estratos medios desclasados y, por el otro, con el creciente poder de los países en vías de desarrollo robustecidos económicamente, los cuales pretenden ahora –sobre todo los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica— codeterminar las reglas del juego de la economía mundial y sus instituciones.
En ese telón de fondo, la victoria electoral de un político nacionalista como Donald Trump representa un punto de inflexión. Trump ha anunciado en su campaña electoral que los EEUU no seguirán pagando el precio de sus estrategias hegemónicas. Ni pérdida de puestos de trabajo, ni inmigración procedente del Sur, ni transferencias de poder en desfavor de los EEUU.
Trump y el final de un proyecto antidemocrático
“Podemos darle la vuelta a todo, y podemos hacerlo rápido”,
prometió Trump con la vista puesta en la masiva perdida de puestos de trabajo en industrias tradicionales como el acero y la producción automovilística. Trump quiere “traer de vuelta” los puestos de trabajo y “hacer grande de nuevo a América”.
Para conseguir darle la vuelta a todo, Trump se propone, entre otras cosas, llevar a cabo un giro radical en la política comercial. Un giro que convertiría la actual arquitectura de la política estadounidense de libre comercio en una escombrera.
El Tratado de Asociación Transpacífica (TPP), ya firmado, es según Trump, “un desastre potencial para el país”, razón por la cual quiere rescindirlo desde el comienzo mismo de su mandato. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA) –“el peor negocio de todos los tiempos”— deberá ser renegociado. El TTIP, el planeado tratado entre la UE y los EEUU, ha sido discretamente congelado por la UE desde el triunfo electoral de Trump. Contra China procederá Trump con aranceles punitivos y pleitos en la OMC.
Lo cierto es que en nada de lo que se propone puede estar más seguro Trump de que encontrará un amplio apoyo en la sociedad norteamericana. Hasta Hillary Clinton tuvo que distanciase –ya fuera retóricamente— del TPP en la campaña electoral. Dennis Williams, presidente del sindicato obrero automovilístico United Automobil Workers (UAW) –400.000 afiliados—, que apoyó a Clinton en la campaña electoral, ofreció a Trump inmediatamente después de su victoria colaboración en este punto. De modo parecido se manifestó Richard Trumka, jefe de la poderosa federación sindical AFL-CIO.
La perspectiva de un final abrupto del gran proyecto occidental de libre comercio propició desconcierto e inseguridad en el otro lado del Atlántico, no menos que en el otro lado del Pacífico. Porque el TPP y el TTIP eran mucho más que meros tratados de libre comercio. Con ellos quería defender Occidente su poder para determinar las reglas de la globalización.
Los países industriales dirigentes habían venido teniendo cada vez más problemas para imponerse en la OMC. Porque la situación había cambiado fundamentalmente gracias al robustecimiento de países en el umbral de desarrollo como India, China y Brasil. Los países del Sur global tenían ahora, en conjunto, más poder negociador. Les fue, por ejemplo, posible, disponiendo de suficiente personal calificado y de representantes en todas las comisiones de trabajo, observar y percatarse de los distintos riesgos que podían correr. En suma: la OMC se convirtió en una organización relativamente democrática.
Demasiado democrática para el gusto de occidente. La “Ronda de Doha” puesta en marcha por la OMC en 2001 con gran alarde publicitario, y en la que tenía que negociarse un ambicioso programa global de libre comercio, fracasó porque no pudieron ponerse de acuerdo en torno a las propuestas de los países industrializados. Los EEUU pasaron entonces a formar coaliciones con sus partidarios promoviendo los proyectos TTIP y TPP, a fin de poner bajo presión al resto del mundo.
Complementariamente, la UE negoció con Canadá el Tratado CETA. Los Estados africanos y caribeños fueron forzados por la UE a firmar tratados de libre comercio bajo la amenaza de retirarles los beneficios aduaneros para sus exportaciones existentes desde hacía décadas. También con –hasta ahora— tres Estados de la Comunidad andina (Perú, Colombia y Ecuador) logró este tipo de tratado la UE.
Si todos esos tratados entraran en vigor, estaría ya una parte considerable del planeta sometida a un régimen de libre comercio que afecta a ámbitos vitales de prestación de servicios, seguridad alimentaria y acceso a medicamentos, lo que redundaría en el ulterior robustecimiento del poder de las empresas que actúan a escala global frente a los Estados y las sociedades.
El acceso a los mercados de los Estados que no participaran empeoraría notablemente. De modo que incluso Estados ya en el umbral del desarrollo, como India y China, pueden ser presionados para firmar tratados de este tipo o para sumarse a acuerdos ya existentes.
“Nosotros” deberíamos determinar las reglas de juego de la globalización, ha repetido también una y otra vez el gobierno alemán, y no deberíamos dejárselo a “los chinos”. Efectivamente, TPP, TTIP y compañía siguieron desde el comienzo un curso antidemocrático. Se proponían instalar un régimen global de libre comercio contra la voluntad de la mayoría de los miembros de la OMC.
Que ahora precisamente un magnate económico neoliberal como Donald Trump se proponga impedir ese proyecto antidemocrático, parece una ironía de la historia. Pero acaso se trate también de una astucia de la historia. Pues precisamente éste sería el papel que habría tenido que jugar el candidato de la izquierda, Bernie Sanders. Sanders ya había pronosticado acertadamente en 1993 los efectos desastrosos del Tratado NAFTA, y ha convertido la crítica al TPP en uno de los temas importantes de la precampaña electoral Demócrata. Pero fracasó como candidato a Presidente ante Hillary Clinton.
Sanders es sin la menor duda el crítico más solvente y más creíble de la política de libre comercio. Pero, como Presidente de los EEUU, ¿habría podido imponerse con una desviación tan radical de las estrategias hegemónicas de los EEUU? ¿No habría estado en una posición todavía más desventajosa que la de un Barak Obama que tenía tras de sí a todo su Partido?
No es difícil de imaginar la concertada cacería contra un Sanders Presidente a la que se habrían librado Wall Street, los medios de comunicación “respetables”, los Republicanos, el establishment de los Demócratas y el habitual séquito de economistas apoltronados. Se le habría reprochado un vétero-socialismo rancio y tan ajeno a la realidad como cabezonamente dispuesto a arruinar la economía y a poner en riesgo la creación de puestos de trabajo. En caso de que hubiera osado simplemente a rescindir el acuerdo TPP firmado por Obama, se lo habría declarado una peligrosísima amenaza para el conjunto de la economía mundial.
Por loco que ello pueda parecer, lo cierto es que el crudo nacionalista Donald Trump parece ser el hombre adecuado para esta tarea. Tiene con su Partido mayoría en ambas cámaras del Congreso. Con su obstinación, su rudeza, sus deliberados juegos de confusión y su consecuente desprecio por la corrección política, Trump ha demostrado tener una independencia y una fuerza que ya le permitieron imponerse electoralmente a los medios de comunicación y al conjunto del establishment.
Tal vez se necesite a alguien como Trump para sacar a los EEUU de su papel de superpotencia. A alguien que pueda transmitir creíblemente que así les irá mejor a los ciudadanos estadounidenses y que América recuperará su vieja grandeza.
Vuelta a la política clásica de la gran potencia
En la mentalidad empresarial de Trump, los tratados multilaterales de libre comercio a largo plazo tienen la desventaja de que los EEUU no pueden hacer valer plenamente su poder económico y geoestratégico en cada momento y en cada país concreto, porque quedan atados por acuerdos engorrosamente generales.
Tampoco la política exterior instigadora de cambios de régimen político con la que Obama y sus precursores han intervenido a fuego en guerras civiles interminables ha tenido para las grandes empresas estadounidenses más que una utilidad muy limitada. La estrategia de confrontación con Rusia no fue, desde luego, un buen negocio. Putin no cayó, sino que intensificó su colaboración con China y los otros Estados BRICS, con el resultado final de que los cambios en las relaciones de fuerza global dieron un impulso adicional a los Estados BRICS. Para el mundo norteamericano de los negocios, Trump puede darles probablemente más consiguiendo el acceso a las inmensas riquezas rusas en materias primas a través de una política de acuerdos y cooperación.
Para “recuperar la grandeza” de la economía estadounidenses y, con ella, de América, Trump se sitúa en un formato político-mundial más reducido. Se aparta de las estrategias de dirección global y configuración económica del mundo y regresa a la política clásica de gran potencia.
Qué aspecto concreto cobrará esto, está por ver. Lo claro es que Trump no actúa precisamente como alguien inclinado a rehuir los conflictos. Cuando no deja de proclamar que pasará la factura a México por la construcción de un muro fronterizo, eso suena a amenaza de un señor colonial que exige a sus tributarios que pasen por caja. Los países latinoamericanos fuertemente vinculados económicamente a los EEUU son quienes particularmente más razones tienen para temer la política de robustecimiento económico y militar de Trump.
Difícilmente podrá conseguir Trump por esta vía una reversión de las cambiadas relaciones de fuerza globales. Su ruido de sables frente a China, por ejemplo, la amenaza con aranceles punitivos y pleitos en la OMC, no es nada substancialmente nuevo.
Desde la entrada de China en la OMC, los EEUU y la UE han planteado más de 20 pleitos contra China. Nunca han dejado de utilizar el arancel punitivo: contra los neumáticos de automóvil chinos en 2009, contra los tubos de acero chinos en 2010, contra las células solares chinas en 2012: ¡y con tasas de hasta el 250%! Sólo el año pasado, 27 países llegaron a promover un total de 119 causas jurídicas contra las exportaciones chinas. Nada de eso pudo frenar el auge de China y el poderío exportador chino.
Se abre un espacio político
En vez de eso, lo que parece anunciarse es un efecto muy distinto e imprevisto de la orientación de Trump hacia una política de gran potencia tradicional. Con su nacionalismo y su rechazo de las estrategias de hegemonía global, Donald Trump abre un espacio político para la configuración de un nuevo orden internacional. Deja la vía libre para quien quiera asumir la responsabilidad global.
Por paradójico que ello pueda sonar, un giro nacionalista inducido por Trump en la política estadounidense ofrece al resto del mundo una oportunidad para configurar más democráticamente el mundo multipolar y enfrentarse conjuntamente a los grandes problemas globales: la regulación de la globalización económica, la defensa global del medio ambiente, la mejora de la situación y de las perspectivas de los 60 millones de refugiados que hay en el planeta, un procedimiento internacionalmente acordado contra el terrorismo islámico radical.
Una anticipación de eso se dio ya antes de la toma de posesión del Presidente electo. En la cumbre climática de Marrakech del pasado noviembre imperaba al comienzo un gran desconcierto tras las elecciones estadounidenses y el anuncio de Trump de que se descolgaría del Acuerdo de París. Hasta que el representante de Pekín anunció que China seguirá colaborando. India, Brasil y Rusia se sumaron, salvando así el encuentro de alto nivel. Erik Solheim, el jefe del programa medioambiental de NNUU, habló entonces de un
"nuevo orden mundial general". China y otros países en el umbral de desarrollo habrían “tomado la dirección de la política climática”.
Qué aportarán China y los otros Estados BRICS a la configuración de las relaciones económicas globales, está por ver. En cualquier caso, hasta ahora, el estilo de los chinos no ha sido el de extorsionar económicamente a otros países y forzarlos a desmantelar aranceles u otros sectores de prestación de servicios básicos para abrirlos a la concurrencia exterior, como, en cambio, sí hizo la “democrática” UE con los Estados africanos.
China siempre ha apoyado en las organizaciones internacionales las inquietudes del grupo de los 77 en que se han coaligado los países del Sur global. Cuando Argentina fue atacada hace un par de años por los fondos buitres norteamericanos quedando insolvente, fueron los chinos quienes la ayudaron a llegar a fin de mes con generosos créditos y permutas de divisas, mientras que el ministerio estadounidense de finanzas intervino a favor de los fondos buitres.
Los Estados BRICS vienen exigiendo desde hace mucho tiempo una modernización de los organismos de NNUU y –por ejemplo en el caso del FMI y del Banco Mundial— su democratización. Son, una vez más paradójicamente, países gobernados no democráticamente como China y Rusia los que quieren regular democráticamente la globalización, mientras que los representantes de Occidente, que siempre presumen de “valores occidentales”, se aferran a escala global a estructuras antidemocráticas.
Un nuevo comienzo democrático de la política mundial no sólo desequilibraría la balanza del poder a favor de los países ya en el umbral del desarrollo. También los países del Sur dispondrían de mejores oportunidades para hacer que pesaran más sus inquietudes –seguridad alimenticia, protección medioambiental, asistencia sanitaria básica— que la libertad del comercio y de los inversores. Se discutiría abiertamente en los organismos internacionales sobre la configuración de la globalización, lejos de esas negociaciones secretas del TTIP, del TPP o del CETA, en las que los intereses de las grandes empresas globalizadas pueden ser discretamente atendidos y servidos.
Aquí hay sobre todo un problema: todo esto sólo es posible, si Europa colabora. Y hasta ahora no parece que la UE haya reconocido los signos del tiempo. Aquí estamos aferrados a la idea de que sólo los países industriales occidentales pueden definir las reglas de la globalización. En una mezcla de cabezonería y delirio de grandeza, los europeos se empeñan en seguir como si nada los pasos de Obama. “La UE es una superpotencia”, declaró Frederica Mogherini pocos días después de las elecciones en EEUU. Y el ministro luxemburgués de exteriores, Jean Asselborn, la secundó: “Somos una superpotencia”.
Así que la UE se ve ahora como el motor principal del régimen de libre comercio global. La mayoría de los “Tratados de asociación económica” con la UE a que fueron forzados los Estados africanos se hallan todavía en proceso de ratificación. En América Latina, la UE aspira a negociar nuevos tratados. Luego de que en Brasil y en Argentina las viejas elites reaccionarias hayan logrado recuperar el poder, hay buenas posibilidades de llegar a un acuerdo de libre comercio con la alianza económica que es el Mercosur. Las negociaciones comenzarán inmediatamente, a comienzos de este año. Y para facilitar las cosas, ya se ha excluido a la recalcitrante Venezuela del Mercosur.
Quiere hacerse ahora del CETA la regla de oro de todos los futuros tratados de libre comercio. Porque, igual que estaba previsto para el TTIP, el CETA ofrece una jurisdicción particular para los inversores extranjeros, así como una “cooperación reguladora” que permite a los lobistas económicos bloquear de antemano nuevas iniciativas legislativas.
El CETA tiene, además, una peculiar ventaja. Puesto que todas las grandes empresas estadounidenses tienen filiales en Canadá, también ellas podrían aprovecharse del tratado. Las empresas estadounidenses lograrían a través del CETA mejor acceso a los mercados europeos, a los sectores de servicios, a las licitaciones públicas, y todo eso con las correspondientes posibilidades de litigar y pleitear, sin que las empresas europeas tuvieran, en contraprestación, los mismos derechos en los EEUU. Una acuerdo perfecto para Donald Trump.
